Los
trabajadores de Metro se manifiestan “preocupados” por la crisis del amianto
Los
trabajadores de Metro están “preocupados, enfadados y desilusionados” por el
modo en el que la empresa pública ha gestionado la crisis del amianto. Por eso
ayer convocaron paros de cuatro horas por turno y se manifestaron en la plaza
de los Cubos. Ahí, en el juzgado de lo Social, arrancaba el juicio contra
Metro, denunciado por la familia de uno de los trabajadores del suburbano que
falleció a causa de la asbestosis, enfermedad laboral asociada a la exposición
al amianto.
Hoy
es un día muy importante porque hablamos del caso de otro compañero fallecido”,
clamaba Juan Carlos de la Cruz, secretario de Comisiones Obreras en Metro.
“Queremos que se haga justicia porque lo único que hemos recibido por parte de
la empresa —y de los políticos— son trabas”, incidía De la Cruz ante más de un
centenar de personas.
Metro,
empresa pública gestionada por la Comunidad de Madrid, sabe al menos desde 1991
que en su red hay amianto, un material tóxico y mortífero (manipularlo sin la
protección adecuada puede provocar la aparición de enfermedades como
asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón). En 1984 se aprobó el reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto, que ya recogía los riesgos relacionados
con el material. A pesar de ello, Metro se lo ocultó a los trabajadores hasta
2017, un año después de que se diagnosticara asbestosis al primer afectado de
la empresa pública.
Actualmente,
a cuatro de ellos se les ha reconocido la asbestosis; dos ya han fallecido.
Julián fue el primer trabajador con la enfermedad reconocida por la Seguridad
Social. Falleció el pasado octubre por un cáncer de pulmón desarrollado por la
exposición a este material.
La
Seguridad Social y la Inspección de Trabajo reconocieron la enfermedad laboral
y obligaron a Metro a realizar un recargo de prestaciones. Es decir, a abonar
entre un 30% y un 50% extra sobre la indemnización ya reconocida al trabajador
en casos de incumplientos de las medidas de seguridad en el trabajo que puedan
poner en riesgo la salud de los trabajadores. “Metro ha recurrido el recargo de
prestaciones que ya se le reconoció al afectado”, remarcan desde CC OO. La
empresa pública ha contratado al bufete Sagardoy, que asesoró al Gobierno del PP
en la reforma laboral de 2012 y que diseñó el ERE de Cola-Cola. “Después de su
terrible gestión del asunto, Metro no quiere reconocer la indemnización; la
están retrasando”, añaden desde el sindicato.
La
mayor parte de los trabajadores ve mala fe en la actitud de la empresa pública
y en las reacciones políticas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que
lleva en manos del Partido Popular desde 1995. “Doy por finalizada [la crisis
del amianto]“, dijo el viernes Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras del gobierno regional. "Hemos actuado y vamos
muy por delante al plan de trabajo previsto", añadió la consejera en
referencia al plan de desamiantado de Metro, con una dotación de 140 millones
de euros.
Los
trabajadores no están de acuerdo. Por eso —y por otros problemas graves que
tiene la compañía —, los trabajadores pidieron en la concentración la dimisión
de Borja Carabante, actual consejero delegado de la compañía, así como su
encarcelamiento. También reclamaron responsabilidades políticas al PP de
Madrid. “Actualmente, hay una multa a Metro por no velar por la salud de los
trabajadores; y otra, por reconocer tarde la enfermedad laboral. Además, hay
cuatro actas de infracción de la Inspección de Trabajo contra la compañía que
están en un cajón de la dirección de empleo de la Comunidad”, remarca el
representante de los trabajadores De la Cruz.
Esas
actas son importantes para los trabajadores porque, como marca la ley, la
compañía debería haber elaborado un listado de trabajadores que han estado
expuestos al material. La Comunidad estima que son unos 800, pero los
sindicatos creen que son más. Por otro lado —y además de exponer a sus
trabajadores al tóxico material— en 2011, Metro vendió 36 trenes al suburbano
de Buenos Aires: “Todos contenían amianto” y Metro lo sabía, según las
conclusiones de la comisión de investigación sobre el amianto de la Asamblea de
Madrid, que ha estado más de un año investigando el asunto.
Los
trabajadores esperan que el contundente dictamen de la comisión se eleva a la
Fiscalía para que sirva de base para que se emprendan más acciones legales.
“Queremos que los responsables, los que nos han tenido en esta situación,
paguen por ello”, resalta De la Cruz. Y apostilla: “Ahora vienen elecciones.
Esperamos que se vayan los que están y que se nos reconozca a los trabajadores
que hemos estado expuestos a graves afecciones para nuestra salud”.
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