Preocupados por el amianto, trabajadores de Metro se pagan
un TAC porque la empresa no lo hace
El Sindicato de Maquinistas de Metro está pagando pruebas
(un TAC) para que sus afiliados, los que lleven más de 15 años trabajando en el
suburbano, conozcan si padecen asbestosis, enfermedad laboral causada por la
exposición al amianto. Tras conocerse que varios de sus empleados habían
contraído esa enfermedad, Metro prometió en 2018 realizar esa prueba a sus
7.000 trabajadores. No ha sido así. Por otro lado, la magistrada del juzgado 23
ha citado como imputados a siete responsables de Metro al considerar que
durante años se expuso a los trabajadores al amianto causándoles enfermedades
graves e incluso la muerte.
Los trabajadores de Metro de Madrid se han cansado de
esperar. Tras el goteo de afectados que han desarrollado asbestosis, los
sindicatos exigieron la realización de pruebas médicas para conocer el número
de empleados afectados por esta dolencia. Actualmente, cuatro operarios tienen
reconocida la asbestosis; dos de ellos han fallecido.
En junio de 2018, la empresa pública se comprometió a
realizar una tomografía axial computarizada (TAC) a todos sus trabajadores.
Metro tomó esa decisión después de que una investigación de la Asamblea de
Madrid revelase que Metro conocía al menos desde 1991 que había amianto en sus
instalaciones, pero que no informó a sus trabajadores ni hicieron nada para
protegerlos.
Los TAC tampoco los han realizado. O al menos no todos.
“Llegamos a un acuerdo con la comisión de desamiantado, pero parece que era un
anuncio para quedar bien en los medios. Ni siquiera se llegó a licitar”,
explica Francisco Javier del Llano, presidente del comité de empresa de Metro y
miembro del Sindicato de Maquinistas (SCMM).
“Se ha enviado a algunos compañeros al neumólogo”, dice Juan
Carlos de la Cruz, de CC OO, “pero es este el que decide si se hace el TAC o
no”. “Si lo prescribe el médico, Metro proporciona al trabajador la posibilidad
de realizarlo [el TAC]”, inciden desde la empresa pública. Solo si lo prescribe
el médico.
Desde el suburbano explican que esos chequeos forman parte
de un plan consensuado con los sindicatos. Concretamente con cinco de los siete
que hay en la empresa; no firmaron ni el de Maquinistas ni CC OO, que juntos
representan casi a la mitad de la plantilla (45%). Por ahora, Metro, que no
especifica los TAC que ha realizado, ha efectuado 1.100 reconocimientos
médicos. Por ahora, en esos chequeos no ha detectado ningún enfermo por el
amianto.
Del Llano apunta que Metro solo ha realizado pruebas a los
trabajadores que considera “de riesgo”. Es decir, aquellos relacionados con el
mantenimiento o la señalización, pero no a los conductores. “Un maquinista
tiene reconocida la asbestosis”, añade el sindicalista, “es evidente que hay
riesgo”.
Por todo esto, los afiliados votaron el pasado mes de junio
pagar con sus cuotas la realización del TAC a todos aquellos maquinistas
sindicados que llevaran más de 15 años trabajando. El sindicato abona 150 euros
por cada diagnóstico, que realiza desde el pasado agosto en la Clínica Ruber.
Por ahora, unos 150 maquinistas se han hecho las pruebas. Los resultados se
comunican directamente a los afectados, aunque si alguno de ellos detecta que
ha contraído la enfermedad puede acudir al sindicato, que se encarga de apoyar
su caso. “Si tenemos más casos, los mandaremos tanto a la Consejería de Sanidad
como a Metro”, dice Del Llano.
“Metro va muy lento con las pruebas”, apunta Teo Piñuelas.
“Se han pedido [los TAC], pero se han hecho muy pocos. El señor Borja Carabante
[ex consejero delegado de Metro y actual concejal de Movilidad y Medio Ambiente
de Madrid] se fue y dejó Metro manga por hombro: con el amianto, la escasez de
plantilla y otros problemas”, agrega el sindicalista. Para CC OO, Metro
“buscaba la foto” con el anuncio de los chequeos médicos: “También hablaron de
un fondo de compensación a los afectados por la enfermedad laboral, pero todo
ha quedado en agua de borrajas”, incide el portavoz del sindicato.
El 'caso amianto' toma impulso judicial
Por otro lado, la Fiscalía presentó el pasado junio una
denuncia contra siete responsables de Metro por ocultar a los trabajadores que
estaban manipulando piezas con amianto, por no protegerlos y por exponerlos a
“gravísimas enfermedades”. La juez que lleva el caso, María Isabel Garaizabal,
ha citado como imputados a los siete, que trabajan en el área de Salud y
Prevención de Riesgos de la compañía. Lo ha hecho tras la denuncia de la
Fiscalía por delitos relacionados con el amianto. En un auto fechado el pasado
11 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada los llama a
declarar los próximos 3 y 12 diciembre en la causa abierta.
Esta decisión supone un paso más en la investigación y se
enmarca dentro de una batería de iniciativas de la magistrada. Así, la juez ha
pedido a Metro una relación de todos los trabajadores que hayan ejercido las
mismas funciones que los dos fallecidos: los nombres de los empleados
—incluidos los que ya se han jubilado— que hayan podido estar expuestos al
amianto; y una lista de operarios recientemente muertos por afecciones
pulmonares.
Pero no queda ahí el impulso a la causa. Garaizabal, que
acepta la personación de CC OO, le pide al Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo que elabore un informe sobre la incidencia del amianto en
la salud de los empleados de Metro y sobre si la empresa ha adoptado las
medidas de seguridad necesarias. A su vez, solicita al médico forense adscrito
a los juzgados que analice las lesiones de los trabajadores enfermos y de los
fallecidos, y que valore si la empresa vigila actualmente de forma “adecuada”
la salud de sus asalariados.
Desde CC OO celebraron la decisión de la juez: “Seguiremos
peleando y exigiendo que Metro reconozca el ocultamiento y las negligencias a
las que ha sometido a muchos de sus trabajadores durante tantos años de su
vida”.
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